El 22 de abril de 2008 no sería un día cualquiera para Raúl Domínguez, empleado de la Dirección de Rentas de Santiago del Estero. Había descubierto, rutinariamente, que el sello puesto en un trámite menor, un 08 de transferencia automotor, era apócrifo. Como correspondía, lo denunció a sus superiores y al director del organismo.

No sabía dos cosas en ese momento, Raúl Domínguez: que había descubierto al azar el hilo de una megadefraudación al Estado provincial imposible de realizar sin “al menos” complicidad política, y que poco más de un mes más tarde, el 27 de mayo, ocho pedazos de su cuerpo aparecerían en un descampado. El ministro de Justicia del gobernador Gerardo Zamora se enteró del hallazgo antes que la familia de Domínguez.

La causa por defraudación quedó en manos del entonces juez del Crimen de primera nominación Gustavo Herrera. Tan bien hizo las cosas don Herrera que poco tiempo después fue ascendido a presidente del Superior Tribunal de Justicia provincial, y al tiempo se jubiló. “Tan bien” significa que congeló la causa. Como continúa hoy, esperando la prescripción de los mansos.

El abogado inicial de la familia Domínguez, en la causa de su asesinato, fue José Herreras, que denunció al gobierno de Zamora por las enormes irregularidades en los dos procesos. Pero el abogado Herreras acusador del gobierno de Gerardo Zamora tuvo una epifanía y se pasó de bando. Primero, secretario parlamentario de la Legislatura y, desde 2019, diputado provincial a las órdenes de… Zamora.

La gente es así; a veces ve la luz. Verde.

El 5 de enero de 2011 no sería un día cualquiera para Jonathan Barrera. Ese día, el muchacho, policía del barrio Oeste de Frías, en Santiago del Estero, avisó a la subcomisaría que mandaran refuerzos porque estaba persiguiendo, en su moto personal una Honda Wave, a dos hombres armados. Lo encontraron con dos tiros en la cabeza.

No, a los perseguidos no.

A Jonathan.

Flavio Sánchez, pastor evangélico y tío de la víctima no anduvo con vueltas. Aseguró que su sobrino “estaba siguiendo la ruta de la droga y hasta tenía un croquis marcado con los lugares donde se comercializa en Frías”. Siguen las confusiones: una persona denunció que la policía no había preservado las pruebas. Tres días después esa persona recibe una denuncia por abuso sexual de su empleada doméstica y un nuevo silencio cae sobre la provincia.

Frente a la iglesia de la Inmaculada, en Frías, la familia de Jonathan clavó una cruz con la frase “Crimen impune”. La ciudad en aquél momento se llenó de cruces de madera. Corrió fuerte el rumor de que Jonathan fue baleado en la misma sede de la Subcomisaría 23 donde trabajaba, en una disputa de “bandos uniformados” que representarían a los tres cárteles de la droga que funcionan en la ciudad. La justicia nombró como juez ad hoc al abogado Anselmo Juárez, que ordenó la detención de 11 policías como responsables de la muerte del muchacho de 23 años. Poco después, cuando se hizo cargo de la investigación la jueza en lo Criminal y Correccional de Frías, Sara María Harón, liberó a los 11 policías y encarceló a dos perejiles que poco tiempo después fueron soltados.

Nadie mató a Jonathan.

Ni el juez federal de Santiago del Estero, Guillermo Molinari, ni su fiscal, Pedro Simón, hicieron demasiado. En una provincia de tanto calor, el caso sigue congelado.

Ya como Jueza de Control y Garantías de la Circunscripción Capital, la misma Sara María Harón dictaminó la libertad de un hombre que había abusado de chicas menores. Pocos meses después tuvo que volver sobre sus pasos porque el tipo no cumplió con los requisitos que le habían impuesto.

En mayo del ’12 el Consejo de la Magistratura provincial analizó el pedido de juicio político por mal desempeño contra la jueza Harón, que es de andar soltando gente por las dudas, pero resolvió “desestimar las denuncias”.

El 25 de marzo de 2013 no sería un día cualquiera para Julián González. El muchacho, de 20 años, salió con su moto a buscar a su novia, en Bandera Bajada, departamento Figueroa. Apareció con un disparo en la cabeza. La policía decretó rápidamente: suicidio. Todos sabían que era imposible. Todos sabían que Julián le había contado a una fuerza de seguridad el lugar preciso donde estaban ubicadas dos pistas de aterrizaje clandestinas entre los departamentos Figueroa y Moreno. Pistas que todo el mundo conocía, pero nadie denunciaba. El caso desapareció de la prensa local y nunca llegó a la prensa nacional.

El 9 de diciembre de 2013 no sería un día cualquiera para Juan Pablo Suárez, director del sitio Última Hora. Publicó en su medio el video en el que se veía a la policía provincial golpear y detener al policía Nelson Villagrán -que anteriormente había sido torturado por esa misma fuerza-. Horas después, la redacción de su medio fue allanada y Suárez quedó detenido. En el encierro al periodista le pasaron las imágenes de la asunción de la esposa de Zamora como gobernadora. Fue acusado de “incitación a la violencia” por el fiscal Pedro Simón y el juez Guillermo Molinari. La Cámara de Apelaciones de Tucumán no sólo revocó la medida y sobreseyó a los imputados, sino que ordenó a la Justicia santiagueña que investigara por abuso de autoridad y prevaricato a Molinari y Simón (Batman y Robin del mal santiagueño).

El Juez Molinari -el mismo que, con su Robin, congeló el caso Jonathan Herrera- es pariente de la esposa de Juárez, a cuyo padre liberó en una causa sobre supuesta estafa al PAMI; primero congelando el expediente y después sobreseyendo a todos por “prescripción”.

Entre otras gracias, Molinari archivó la denuncia por sobreprecio en la obra pública que sacaba a la luz la connivencia del gobernador con De Vido y López, sin siquiera empezar una investigación, y es a quien usó Zamora -junto a Robin Simón- para embarrar la cancha con la denuncia a Silvio Robles, vocero del Juez Horacio Rosatti en el caso del viaje de jueces a Lago Escondido. Todo terminó en la nada, claro, pero lo importante era el show.

Molinari, en el concurso para ser juez, pasó mágicamente del 12° puesto (penúltimo) al 3° en el orden definitivo. En 2007 removió al titular del Registro Automotor y, mágicamente, fue designada interventora su sobrina y esposa de Zamora, Claudia Ledesma Abdala, que después, mágicamente, fue titular. Todo queda en familia: Zamora promovió a Molinari para diputado provincial y para presidente del Directorio del Ente Regulador de Energía Eléctrica de Santiago del Estero.

Hay más.

En las elecciones de 2015, cuando los fiscales de Margarita Stolbizer llegaron al Juzgado Federal con competencia electoral se encontraron con que otra gente -dirigentes zamoristas- ocupaban sus lugares. Los había autorizado Molinari, quien también liberó al legislador peronista tucumano Emiliano Vargas Aignasse, que había sido encarcelado por intentar eludir un control policial con droga en su coche.

¿Qué más hace falta para acallar a una población entera?

La letra con sangre entra y cualquiera que quiera denunciar lo que un juez federal cordobés llamó como “portaaviones del narcotráfico” recordará los nombres de Raúl Domínguez, Jonathan Barrera y Julián González. Y el de Guillermo Molinari, si piensa en justicia.

Los pocos medios que subsisten a la férrea censura oficial gritan en el desierto de la burla y el apriete.

Un fenómeno atmosférico, que todavía no fue mostrado por los meteorólogos José Bianco y Matías Betrolotti en su programa de cuestiones climáticas, se da con asiduidad en Santiago del Estero. Es la famosa lluvia de cocaína.

El 11 de noviembre del 2016 no sería un día cualquiera para los habitantes de los parajes Ahí Veremos y Algarrobo Viejo en Santiago del Estero. Vieron los vuelos rasantes de una avioneta que terminó arrojando “más de 200 kilos de cocaína de máxima pureza” según fuentes consultadas por el diario El Tribuno, cifra que baja de 181,900 kg según lo informado oficialmente por el Ministerio de Seguridad de Santiago del Estero. La avioneta fue perseguida por móviles santiagueños y cuando cruzó a la provincia de Salta, le avisaron a la policía de esa provincia que finalmente encontró el lugar en donde se tiraron los seis bultos. Con tanto desparramo de autoridades, nadie vio a ninguno de los responsables de la lluvia blanca.

Otro día de lluvia fue el 1 de febrero del 2017, cuando los habitantes de Campo Zorro, a 220 kilómetros al norte de la capital de la provincia, vieron cómo caían 18 bultos con 450 kilos de cocaína. En la zona hay más de cien caminos vecinales que se usan como pista de aterrizaje para avionetas. Se incautó la droga y unos bidones de nafta que se encontraron, con los que se presumía, reabastecerían la nave.

El 6 de junio del 2020 la policía santiagueña y la Gendarmería encontraron en un campo de Tapso, en el límite con Catamarca, una avioneta abandonada en un campo de soja. Se sospecha que transportaba cocaína de máxima pureza. “Se sospecha”, porque cuando llegó la autoridad sólo quedaba la avioneta rota. Ni mercadería ni nadie que la volara. Otra vez, ningún responsable. La cocaína llueve por sus propios medios, parece. Misterio para José Bianco.

Mientras en todo el país, según el último dicen que censo nacional, cada 1000 habitantes hay 52,6 trabajadores públicos provinciales, en Santiago del Estero hay 68. Y eso sin contar los empleados nacionales ni los de las municipalidades. Sólo los provinciales.

Hay que ser muy mal pensado para relacionar ese número con la permanencia en el poder de dicen que radical Gerardo Zamora, el señor feudal del calor.

Cuando en 2013 Gerardo Zamora cumplió ocho años como gobernador de Santiago del Estero, terminando su segundo período, quiso presentarse para un tercer mandato.

La constitución provincial, que el mismo Zamora había propuesto, lo prohibía. ¿Qué ocurrió entonces? El Tribunal Superior de Santiago del Estero declaró inconstitucional la constitución y listo, qué tanto joder.

Nada del otro mundo: en las provincias feudales, la justicia es esto.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en aquél momento, lo frenó y ¿qué hizo Zamora? Metió de candidata a su esposa, Claudia Ledesma que tenía como antecedente político haber sido Jueza de Faltas Municipal en La Banda durante un año hasta que se divorció de su ex marido, el empresario Amerio, y se casó con Zamora y, por su tío Molinari consiguió, después de un concurso rigurosísimo, ser titular del Registro del Automotor en la provincia.

Obvio, con esos antecedentes, ¿cómo no ser gobernadora? Igual, poco deconstruida, en el acto de asunción lo miró a los ojos y le dijo: “Este triunfo es tuyo, Gerardo”.

La intervención de Pablo Lanusse sacó de la gobernación al corruptísimo y macabro matrimonio formado por Carlos Juárez y su esposa la Nina. Quedó al mando de la provincia quien fuese intendente de la capital, el bueno de Zamora, quien apenas ganó las elecciones fue a agradecerle a los Juárez a “La Rosadita”, donde cumplían arresto domiciliario. Cómo habrán sido de corruptos el Carlos y la Nina (que se pasaban la banda de gobierno provincial como quien se pasa la sal en la mesa) que quien intervino la provincia fue Néstor Kirchner, uno que se murió a tiempo antes de que fuese condenado como jefe de la banda, como su esposa (“Poder y corrupción como bien ganancial; Juan y Eva, Juan e Isabelita, El Carlos y La Nina, Alperovich y la Betty, Néstor y Cristina, Rodríguez Saa y la Tur…ah, no”, no sé cómo en el Conicet nadie hizo un paper todavía. Bueno, sí sé).

Así, el bueno de Gerardo fue diputado provincial desde el ’91 al ’93 y desde el ’97 al ’99 para pasar después a ser viceintendente de la Ciudad de Santiago del Estero del ’99 al ’01 y subir un escaloncito más a Intendente, desde el ’01 al ’05, año en el que dio el gran salto a la gobernación que no abandonaría por ocho años, en el ’13, hasta que la Corte Suprema dijo basta. Ahí lo siguió como gobernadora, su esposa, Claudia Ledesma, que dijo sí querido, tomala vos dámela a mí. Agarró el puesto en el ’13 hasta el ’17, cuando se lo devolvió a su marido. Los bienes gananciales son así.

Claro que la buena de Claudia le agarró el gustito al oropel político de la provincia pobre y después, ya embalada, se mandó a diputada provincial desde el ’17 al ’19, donde por los designios de la viuda de Kirchner se pasó no sólo a senadora por Santiago del Estero sino a Presidente Provisional el Senado, cargo que en el ’14, también con el dedo CFK, ocupó Gerardo Zamora. Sí, los dos fueron gobernadores, los dos fueron presidentes provisionales del Senado. Ahora mismo, la ex jueza de faltas de La Banda es la tercera en la línea sucesoria presidencial.

El hijo de Gerardo y Claudia, Francisco, sólo es un empresario que en el 2012 ya había recibido 6 millones en subsidios para su compañía Servicios y Transportes S.R.L y que al año siguiente, en el ’13, sólo recibió 5 millones. Una injusticia. Francisco aparece nombrado en las grabaciones de Juan Suris, el ex de Mónica Farro, amigo de Leo Fariña y actual procesado en tres causas graves (comercialización de drogas, jefe de una asociación ilícita fiscal y lavado de activos). Suris le dice a un conocido que Francisco es “un amigo para hacer negocios. Lo que quieras”.

Perdón por tantos nombres, si acá dijese Arribas o Majdalani, cualquiera pensaría que es una nota de Carlos Pagni.

A comienzos de este año se conoció el informe “Santiago del Estero, centro de convergencia para el crimen transnacional” de la consultora internacional IBI Consultants, dirigidos por el prestigioso periodista Douglas Farah, consultor habitual de los grandes poderes internacionales.

Lo que en cualquier país decente hubiera sido una bomba y el principio de un pedido de intervención federal, acá pasó alegremente, total era verano y estaban los falsos rugbiers para distraer tranquilamente.

El informe dice cosas como: “‘Los radares fronterizos solo funcionan durante unas pocas horas al día, y la policía tiene órdenes permanentes de no moverse cuando se ve un avión arrojando paquetes blancos desde el aire’, dijo un oficial de inteligencia civil que sirvió en el área durante varios años. ‘Si los radares están encendidos, están convenientemente apuntados lejos de donde se acercan los aviones. Si alguien agarra una carga, es un competidor del cartel que la dejó caer, no una acción de las fuerzas del orden’. Lo mismo ocurre con las redadas de drogas en la zona, dijo la policía nacional. Si bien hay constantes decomisos de cocaína en la provincia, es la cocaína de quienes no han comprado la protección de la red Zamora-Ledesma. Por el contrario, muchas de las principales redadas de cocaína incautan cocaína que ya había transitado por Santiago del Estero sin problema, pero que se recoge más al sur”.

O “La familia Zamora-Ledesma también está acusada de usar el poder judicial para apropiarse de decenas de miles de acres de tierra para beneficio personal. Para ello, primero pagan a las comunidades indígenas empobrecidas para que invadan grandes latifundios, antes de expropiar la tierra, supuestamente en nombre de las comunidades”.

El informe profundiza las relaciones CFK con la familia feudal.

Nada de todo esto es nuevo.

Todo ha sido publicado, ha salido por televisión, se ha comentado en radio.

Ningún intelectual progresista argentino dice nada sobre los feudos, la vida de atraso y postergación de millones de argentinos.

No hay novelas de escritores comprometidos sobre las injusticias feudales.

No hay películas, no hay ficción, nada.

En Atamisqui, a 120 kilómetros de la capital Santiago del Estero, no hay agua, no hay gas, casi no hay electricidad, hay planes, pensiones para discapacitados, jubilaciones sin aportes, no hay libertad.

Alberto Fernández ganó las elecciones con 92.3% de los votos.

Fuente: Infobae

El diario Infobae, realizó una extensa nota titulada “La Argentina Feudal: quienes son los gobernadores que llevan décadas en sus cargos” en la cual rememora el largo listado de gobernadores e intendentes que se perpetúan en el poder desde hace varias décadas. En dicho listado, se encuentra el matrimonio Zamora- Abdala de Zamora.

El fenómeno de “cancha inclinada” en los procesos electorales a favor de los oficialismos, “regímenes rentistas” que usufructúan los fondos girados del gobierno nacional, una fuerte dependencia del empleo público, la compra de voluntades políticas, una difusa división de poderes, y las prácticas clientelares son algunos de las razones que explican la permanencia de media docena de gobernadores, o familiares suyos, al frente de algunas provincias.

Aunque con algunas características distintivas, la práctica también se repite en una decena de municipios del Conurbano bonaerense. En algunos casos, se trata de reelecciones continuas; en otros, de varios períodos con intervalos a cargo de un “delfín” político o, directamente, de sucesiones familiares. En la práctica, mandatarios y jefes comunales hicieron de sus provincias y municipios bastiones inexpugnables a cualquier intento opositor.

Los Rodríguez Saá en San Luis, Gildo Insfrán en Formosa, los Kirchner en Santa Cruz, Gerardo Zamora y su mujer, Claudia Abdala, en Santiago del Estero, Juan Schiaretti en Córdoba, y Jorge Capitanich en Chaco son los mandatarios provinciales que lideran el ranking de permanencia en el poder, según el análisis realizado por Infobae. Llevan desde una década hasta 35 años en sus cargos, en forma continuada o con intervalos de por medio.

Carlos Gervasoni, director del Departamento de Ciencias Políticas y Estudios Internacionales de la Di Tella, destaca la existencia del fenómeno que se conoce como “cancha inclinada” en los procesos electorales, en un paralelismo con una competencia de fútbol con condiciones desventajosos para uno de los dos equipos, y que beneficia al oficialismo en el poder. “Hay competencia electoral, sí, pero es muy desigual. Hay elecciones, pero no son tan libres ni justas porque el oficialismo tiene ventajas y es imposible que pierda”.

La perdurabilidad en los cargos está atada, en la mayoría de los casos, a los recursos de la coparticipación federal que reciben los gobernadores del mismo color político que el gobierno nacional. “La ventaja de los oficialismos viene de las rentas del federalismo fiscal. Son provincias que tienen una extrema dependencia de los fondos que reciben desde la Nación. Recaudan muy pocos impuestos propios y reciben mucho dinero de transferencias federales para gastar”, señala este doctor en Ciencia Política por la Universidad de Notre Dame (Francia). A los giros automáticos por coparticipación se suman las transferencias discrecionales desde el Tesoro nacional, y una opaca rendición de cuentas sobre el uso de esos fondos.

Gervasoni describe que estos distritos se caracterizan por un alto porcentaje de empleo público, planes sociales, clientelismo político, y poco desarrollo privado. “Hay un Estado provincial hipertrofiado. Las empresas viven de contratos con el Estado, los medios viven de la pauta oficial. La estructura es muy similar a los rentismos petroleros del Medio Oriente. El gobierno tiene recursos para generar una economía estatista que no podría sostener con recursos propios. Lo hacen con plata de la coparticipación, que se distribuye hacia las provincias con menos población, no en función de cuán pobres son”, afirma.

En ese sentido, sostiene que se genera “una enorme dependencia económica de la población e incluso de los empresarios locales del gobierno provincial, lo cual hace que nadie quiera oponerse al oficialismo por riesgo a perder el empleo, un contrato o la pauta publicitaria”. Ante este panorama, este experto en Ciencia Política se pregunta: “¿Cómo compite la oposición en un contexto en que los medios no quieren darle espacios, o los empresarios no quieren aportar a candidatos opositores?”.

Lejos de prosperar, San Luis es una de las provincias con mayor población bajo la línea de pobreza, un 38%, y casi un 5% de indigentes, según los datos del primer semestre de 2022 del INDEC. La perpetuación de los hermanos Rodríguez Saá se explica, también, por el alto empleo público: el terruño de los Saá tiene 68 empleados provinciales por cada 1.000 habitantes, según datos de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales que depende del Ministerio de Economía.

El primer gobernador de San Luis con la llegada de la democracia fue el más joven de los hermanos, Adolfo. Permaneció cinco mandatos consecutivos en el poder provincial, 18 años en total, hasta que recibió el premio mayor: ser presidente de la Nación. Pero le tocó lidiar con la crisis de 2001. A pesar de ser presidente por apenas siete días, Rodríguez Saá se alejó de San Luis y asumió en su lugar María Alejandra Lemme, su vicegobernadora, quien terminó el mandato hasta diciembre de 2003. Los Rodriguez Saá volvieron al poder ese mismo año, pero con Alberto como gobernador: fueron ocho años después de dos mandatos consecutivos.

Los Rodríguez Saá tuvieron que elegir a un delfín por primera vez en 2011 para San Luis. Impedido Alberto de presentarse a una nueva reelección, Adolfo intentó postularse como candidato a gobernador de Buenos Aires, pero la Justicia finalmente invalidó su postulación por incumplir con requisitos legales. De todas maneras fue electo senador nacional. La solución para San Luis fue designar a Claudio Poggi, ex presidente de la Cámara de Diputados y un contador de confianza de Alberto Rodríguez Saá que había ocupado distintos cargos en la administración provincial hasta llegar a desempeñarse como su jefe de Gabinete.

Poggi ganó las elecciones en 2011, pero los Rodríguez Saá no avalaron su reelección en 2015, lo que rompió esa relación y culminó por convertirlo en líder opositor. Los años posteriores fueron conflictivos con los hermanos Rodríguez Sáa enfrentados y, por primera vez, con un opositor como Poggi, que pasó a ocupar una banca en el Senado de la Nación elegido por Cambiemos y que mantiene una buena imagen entre los puntanos. Alberto Rodríguez Saá volvió a ganar en 2015 y fue reelecto en 2019, aunque esta última elección fue histórica porque enfrentó a su hermano.

Sus gobiernos no estuvieron exentos de denuncias por la cooptación de la Justicia provincial, la ausencia de una prensa independiente y los casos de violencia institucional por parte de la policía provincial no esclarecidos.

¿Qué pasará este año? El actual gobernador no podrá volver a presentarse a los comicios, entonces introdujo una modificación clave en el sistema electoral. El Senado puntano aprobó este año la ley de Lemas, un sistema que elimina las internas partidarias y permite competir en las elecciones a gobernador a varias agrupaciones del mismo signo político. Esta normativa permite que, muchas veces, el candidato más votado no sea el ganador, sino el que más votos recibe dentro del partido que más suma.

Por lo pronto, su hermano Adolfo, actualmente enemistado, lanzó hace pocos días su candidatura para volver a conducir San Luis, y continuar una tradición vigente desde 1983.

La Formosa de Gildo

Si bien Insfrán ya era señalado como uno de los mandatarios que se había eternizado en el poder con un férreo patriarcado con el que se manejó en sus siete mandatos consecutivos, la pandemia expuso a este referente peronista como uno de los gobernadores más cuestionados del país por el “estado de excepción” que instauró en Formosa. Su mano de hierro en las restricciones por el Covid-19, que le valió numerosas denuncias por violaciones a los derechos humanos por las condiciones instauradas en los centros de aislamiento sanitario y le costó la vida a familiares desesperados por ver a sus seres queridos, llegó hasta la Corte Suprema y tribunales internacionales.

Insfrán acumula 28 años en la gobernación de esa provincia norteña, y otros 8 previos como vicegobernador, cargo al que llegó en 1987. En total, 36 años consecutivos en la cima del poder provincial, el período más largo ejercido desde el regreso de la democracia por un mismo mandatario provincial.

Aunque su discurso en los 90′ era menemista, cuando fue elegido por primera vez en Formosa, su apoyo al peronismo mutó como el propio movimiento: fue duhaldista y luego kirchnerista. Los representantes de Formosa en el Senado siempre apoyaron al peronismo en todas sus facetas. El senador formoseño José Mayans es el presidente del bloque kirchnerista Frente Nacional y Popular en la Cámara alta.

Durante los últimos cinco comicios para gobernador, Insfrán superó el 70% de los votos. “Lo de Formosa no ocurre en ningún lado del mundo. Cuesta creer que una provincia tan retrasada tenga a su gente tan conforme como para que vote siempre al mismo gobernante. Es un ejemplo de cómo el extremo rentismo crea las condiciones para que un partido, persona o familia genere dependencia económica extrema”, advierte Gervasoni. En la provincia, de cada 1000 habitantes, 64 eran empleados provinciales en 2021, según datos de la cartera de Economía nacional.

Desde que asumió, este caudillo formoseño de profesión veterinario fue denunciado por distintos tipos de delitos, desde corrupción hasta falta de libertad de prensa. También fue acusado de disciplinar a la justicia provincial, que nunca avanzó en las investigaciones en su contra a lo largo de estas décadas.

Su poder fue creciendo con el paso de los años, pero la calidad de vida de los formoseños no mejoró: en la provincia hay 24,4% de personas por debajo de la línea de pobreza, y 8,6% por debajo de la indigencia, según los datos del INDEC para el conglomerado del Gran Formosa.

Las acusaciones por clientelismo político y falta de libertades esenciales se multiplican y aparecen como las principales justificaciones opositoras de su repetido éxito electoral.

Los Kirchner

Santa Cruz tuvo a los Kirchner como un apellido de referencia política en las últimas dos décadas. Primero Néstor fue gobernador durante 12 años, entre 1991 y 2003, tras haber sido intendente de la capital Río Gallegos. Luego, su hermana Alicia asumió en 2015 y fue reelecta en 2019. Entre los dos, para 2023, suman 20 años.

En el medio hubo un periodo en que hubo tres mandatarios alineados con el kirchnerismo. Héctor Icazuriaga, vicegobernador de Néstor Kirchner, quien completó su mandato cuando éste renunció en mayo de 2003 para asumir en la Casa Rosada; Sergio Acevedo, quien se fue tres años después en desacuerdo con el manejo desde la Casa Rosada de los fondos para la obra pública provincial y fue reemplazo por su vice, Carlos Sancho; y otros ocho años de mandato de Daniel Peralta. Tras su primer mandato, a finales de 2011, Peralta rompió con el kirchnerismo y fue reemplazado en 2015 por Alicia Kirchner, con quien compitió dentro del mismo espacio político – el Frente para la Victoria – en el marco de la ley de lemas provincial, y fue reelecta en 2019.

Pese a la riqueza de sus recursos naturales, la pobreza en Santa Cruz, después del largo ciclo kirchnerista que arrancó a principios de los 90′, hoy alcanza al 30% de las personas y la indigencia de casi el 5%, según los datos del primer semestres del INDEC de 2022. Es uno de los ejemplos que cita Gervasoni de una provincia que “recibe mucha coparticipación por tener poca población, pese a tener recursos petroleros”.

De cada 1.000 habitantes, 95 santacruceños son empleados públicos. Santa Cruz se ubica así en quinto lugar en el ranking de los distritos con más habitantes dependiente de un sueldo provincial, según datos del Ministerio de Economía.

El matrimonio Zamora-Abdala

Después del sombrío período del caudillo peronista Carlos Juárez, Zamora asumió como gobernador en 2005 con la promesa de aggiornar Santiago del Estero, luego de la intervención federal de la provincia el año anterior. La provincia había sido intervenida por Néstor Kirchner y quien tomaba el mando era un radical bajo el sello del Frente Cívico por Santiago, que pronto supo hacerse aliado de la Casa Rosada. Sus alianzas estratégicas con el kirchnerismo -como parte de los llamados “radicales K”- y la alternancia con su mujer, Claudia Ledesma Abdala, le permitieron perpetuarse en el poder durante 18 años consecutivos.

Los Zamora llevan casi dos décadas gobernando la provincia, pero Santiago del Estero continúa siendo uno de los distritos más necesitados del país: son pobres el 40% de los santiagueños que viven en el aglomerado que conforman la capital provincial y la ciudad de La Banda, e indigentes el 6,4%, según los últimos datos del INDEC. Pese a esta crítica situación social, Zamora inauguró en 2021, con el presidente Alberto Fernández como invitado, un megaestadio presupuestado inicialmente en $984 millones que terminó costando más de $3.000 millones con sus obras aledañas.

De origen radical, Zamora quebró en 2005 una hegemonía de 40 años que mantenía el peronismo, pero sus opositores le critican haber mantenido en Santiago las mismas prácticas clientelistas y de un Estado feudal. Tras sus primeros cuatro años, ganó su primera reelección en 2009 con el 85% de los votos. El gobernador intentó ir por un tercer mandato consecutivo: una jueza provincial declaró inválida una cláusula de la Constitución provincial que lo inhabilitaba a presentarse como candidato, pero la Corte Suprema de Justicia de la Nación revirtió el fallo y vetó la posibilidad de que se presente como candidato.

Ante esa imposibilidad, Zamora bendijo a su mujer, Ledesma Abdala, como la candidata del oficialista Frente Cívico, que finalmente ganó la elección del 2013 con el 64% de los votos. Él asumió como senador nacional y se convirtió en presidente provisional de la Cámara alta hasta 2015, un cargo que demostraba la cercanía que había tejido con Cristina Kirchner. La provincia quedó en manos de su mujer hasta 2017, cuando Zamora se postuló nuevamente. Volvió a ganar y, como ocurrió años atrás, en un nuevo enroque, su mujer desembarcó en el Senado. Tras el triunfo del Frente de Todos en 2019, la actual vicepresidenta la eligió como presidenta provisional. Zamora fue electo por tercera vez en 2021 con el 63% de los votos, es decir, continuará a cargo de la gobernación santiagueña, al menos, hasta 2025.

Jorge Capitanich

“Coqui” Capitanich lleva más de una década al frente de Chaco, período que no fue tan beneficioso para la provincia como para este dirigente kirchnerista. Gran Resistencia fue en 2022 el conglomerado urbano del país con récord de pobreza: casi el 50% de sus habitantes son pobres y el 13% indigentes, según las estadísticas oficiales. Este contador peronista ganó sus primeras elecciones como gobernador provincial en 2007, pero sus contactos con el Partido Justicialista comenzaron muchos años antes.

Fue elegido como senador nacional en 2001 por la minoría. A poco de asumir como legislador, el chaqueño se mudó a la Casa Rosada para convertirse en el primer jefe de Gabinete de Eduardo Duhalde, allá por 2002. Cuando Néstor Kirchner apareció en la interna peronista, en 2003, el chaqueño fue uno de los que lo apoyó y esa apuesta le valió un respaldo político que potenció su carrera.

Ya consolidado en la escena peronista, Capitanich volvió a Chaco para quitarle la provincia a la UCR y lo logró: en 2007 le ganó la elección al entonces gobernador radical Ángel Rozas por apenas 1.000 votos de diferencia. “Coqui” consolidó su poder desde el Estado, fue reelecto en 2011 por una holgada diferencia y, en noviembre de 2013, volvió a mudarse a la Casa Rosada por pedido de Cristina Kirchner, que lo convocó para transformarse en su jefe de Gabinete. No renunció a su cargo de gobernador, sino que pidió licencia. Volvió a hacerse cargo de la provincia en febrero de 2015.

Tras la derrota del kirchnerismo en las elecciones nacionales de ese año, Capitanich se refugió en la Intendencia de Resistencia, la capital chaqueña. Cuatro años después, con el regreso del Frente de Todos a la Casa Rosada, “Coqui” volvió a presentarse como candidato y ganó, por tercera vez, las elecciones provinciales. Manejará los hilos de la política chaqueña, al menos, hasta el próximo diciembre, cuando cumplirá 11 años al frente de la gobernación chaqueña. Se especuló con la posibilidad de que sea candidato a presidente por el kirchnerismo, pero aseguró hace menos de un mes que estaba “absolutamente abocado a la reelección” en Chaco.

Lejos de la imagen que pretende dar, Zamora luce como un personaje acomplejado. “No nos subestimen”, vocifera, defendiéndose de las críticas hacia él y hacia su pareja, Claudia Ledesma Abdala, actual presidenta provisional del Senado de la Nación y quien lo ha reemplazado en la gobernación cuando la Justicia impidió a Zamora maniobras fraudulentas para asegurarse el poder eterno al frente del distrito.

Deberán saber ambos que lejos está la sociedad de confundir a Santiago del Estero, o a los santiagueños, con sus pésimos dirigentes políticos, un mal que lamentablemente no es exclusivo de esa provincia.

Nadie subestima a Santiago del Estero, que mucha sangre derramó en la guerra de la independencia y en la consolidación del poder de la Nación, frente a los intentos anárquicos en Pozo de Vargas. Mucho menos desde este diario, fundado por Bartolomé Mitre, quien encontró en esas tierras a tantos y leales partidarios. Un hijo de Santiago del Estero, cuya familia emigró ante los atropellos de Felipe Ibarra, fue nombrado ministro de la Corte Suprema por el presidente Mitre, en 1865. Nos referimos a José Benjamín Gorostiaga, el santiagueño más eminente del siglo XIX. Su protagonismo en la redacción de la Constitución fue notorio. En la Corte Suprema, que llegó a presidir, estableció la jurisprudencia en cuanto al rol del más alto tribunal del país como intérprete final de la Constitución nacional.

De vieja estirpe santiagueña fue también Ricardo Rojas, escritor e historiador que cursó sus primeros estudios en ese distrito, habiendo ganado merecido prestigio y llegado a ocupar el rectorado de la Universidad de Buenos Aires.

Desde los tiempos del imperio español, Buenos Aires recibió una numerosa y esforzada emigración de Santiago del Estero, que contribuyó a la riqueza y la cultura de la provincia y de la ciudad homónima. Queda claro que la subestimación la ejecuta la propia pareja gobernante de ese distrito, que conduce los destinos de los pobladores como si fueran sus súbditos, con una Legislatura y un Poder Judicial sumisos, que no ponen freno a sus embestidas y que nunca investigan a fondo los crímenes del poder. Basta recordar el caso del secuestro y posterior asesinato de Raúl Domínguez, empleado de la Dirección de Rentas de Santiago del Estero, testigo de una millonaria estafa contra el organismo, quien aparentemente sabía mucho de los desmanejos del gobierno de los Zamora. Tampoco se esclarecen los continuos atropellos policiales que han llegado a costar el cargo a un fiscal que se atrevió a investigar.

Su denodado impulso para someter a juicio políticos a los miembros de la actual Corte Suprema de Justicia de la Nación encubre viejos rencores del gobernador. En 2013, la Corte, con otra composición, impidió que Zamora violara la Constitución del distrito, que le prohibía una segunda reelección consecutiva y que la Corte provincial, mostrando un servilismo impropio de una república democrática, había respaldado.

Zamora extiende el fastidio por no lograr sus espurios objetivos también a la Unidad de Información Financiera, en tiempos en que ese organismo no estaba al servicio de la impunidad del gobierno de turno y que, con todo profesionalismo, denunció el intento de representantes de la gobernación que, violando la ley, pretendían retirar de un banco 32 millones de dólares en efectivo, evitando los controles que deben tener los fondos públicos y que fija la legislación antilavado.

Su burdo y acomodaticio desconocimiento de la legalidad guía su campaña contra los fallos de la Corte Suprema en un disparatado juicio, llegando incluso a promover causas penales contra un colaborador del presidente de la Corte, utilizando para ello a un juez federal y basándose en chats obtenidos de forma ilegal.

Su vergonzosa disposición a continuar accediendo adulonamente a las patrañas vicepresidenciales lleva ahora a Zamora a alentar al presidente Alberto Fernández a violar el artículo 53 de la Constitución nacional, al incluir en el temario de sesiones extraordinarias del Congreso el pedido de iniciación de juicio político a la Corte, una función que solo le corresponde iniciar a la Cámara de Diputados. También se ha expresado de manera sobreactuada y despectiva sobre la rapiña que ha hecho el gobierno nacional de los fondos coparticipables de la ciudad de Buenos Aires, cuya devolución ha sido dispuesta por el máximo tribunal.

Aunque, al asumir, juran cumplir y respetar las normas constitucionales, dirigentes como Zamora las violan sistemáticamente.

Con el ataque a la Corte, el gobierno nacional y sus cómplices, entre ellos, gobernadores de provincias con la peor calidad institucional, contribuyen también al desprestigio internacional de la Argentina, ahuyentando cualquier intención de invertir en el país.

Sin justicia ni seguridad jurídica, la Argentina resultará inviable.

La falta de agua en la provincia y el no accionar de las autoridades para resolver este viejo anhelo es moneda corriente en Santiago del Estero, lamentablemente, muchos ven en esta necesidad un negocio con el agravante de que está “viveza” es apañada por el poder político.

Los parajes San José, Los totora y Los Peralta (Departamento Atamisqui) están siendo fuertemente golpeados por la sequía, la falta de lluvia hizo mermar el cause del rio dulce y ocasiona la escasez de agua en la zona, es por este motivo que los lugareños solicitan a las autoridades el inmediato abastecimiento de agua, sin embargo el derecho al acceso al agua se transformó en negocio.

“Para solicitar el agua potable, se tiene que cumplir con varios requisitos como: domicilio en el lugar solicitante y se tiene que abonar $ 1500” señala una pobladora y agrega: “el pedido se puede realizar nuevamente cada 15 días (lo cual no se cumple, por que siempre tiene el camión en arreglo y el municipio de Villa Atamisqui sólo cuenta con 2 camiones, el camión sólo puede llevar 3000 litros para esa zona , tiene que estar registrado en la lista de pedido 2 familias ),

Y continúa: “solamente se pueden anotar un integrante por familia y la cantidad es de 1500litros, por lo cual esa cantidad no es suficiente para un hogar y ser fraccionado para el uso cotidiano como, cocinar, mantener la higiene del hogar y la higiene personal a su vez, mantener a los animales que son su principal fuente de ingreso. Teniendo en cuanta las altas temperaturas no pueden correr el riesgo de perder animales, poner en riesgo su salud por la deshidratación”

La inminente pregunta es que el porque deben abonar esa cifra: “supuestamente son para gastos de la cooperativa ya que la municipalidad no se está haciendo cargo llevar el agua y si no llegamos a pagar no tenemos agua”.

Esta situación se agrava por la falta de recursos económicos y el estado en el que se encuentra el agua que “compran”: “Muchas veces el agua que nos mandan no es para consumo, sin embargo no nos queda otra y tenemos que consumirla igual” concluye

Una ONG de Estados Unidos se encuentra en la provincia, investigando a fondo los diversos casos de violación a los Derecho Humanos ejecutados en Santiago del Estero. Integrantes del Instituto Interamericano para la Democracia de USA, encabezados por el embajador Armando Valladares y el abogado Marcel Feraud, llegaron durante el día de hoy con el propósito de interiorizarse en los lamentables casos de violación a los derechos humanos.

En una conferencia de prensa llevada a cabo en un hotel céntrico, los representantes, dieron a conocer como llevarán a cabo el trabajo de investigación dónde se reunieron con miembros del gobierno de la provincia por el caso de Manuel Ascencio Ardiles, quien fue desalojado de sus tierras por el presidente del Superior Tribunal de justicia de la provincia, Federico López Alzogaray.

Sobre la reunión con Matilde Omill, Ministra de Justicia y Derechos Humanos de la provincia y el vicegobernador, Carlos Silva Neder; los representantes dijeron que fueron recibidos e intercambiaron información.

Por otro lado, los integrantes del organismo, explicaron que además del caso de Manuel Ardiles, tienen conocimiento de otros casos similares, “conocemos casos idénticos a dónde se ha atacado a la tierra de los campesinos y nosotros aspiramos que si el caso Ardiles tiene transcendencia, de alguna manera va a servir como precedente para que no siga sufriendo el campesino “.

Movilizados por el caso Ardiles, los miembros de la ONG se mostraron sorprendidos por la lamentable situación que está padeciendo Manuel Ardiles «es un caso de extrema gravedad por cuanto se deben tener en cuenta los fundamentales derechos que le asisten a la familia Ardiles que deben ser atendidos cuanto antes» según declararon.

Consultados por la situación actual de la familia Ardiles y la posibilidad de que reciban algún tipo de represalia esto dijeron: “la familia Ardiles perdió todo, aún se encuentran en estado de shock, nosotros les consultamos si alguien de la otra parte se acercó para averiguar su situación y nos dijeron que nadie”.

Valledares y Feraud explicaron que todo el material recopilado será analizado por el equipo técnico en Estados Unidos a fin de brindar un compromiso para con las familias afectadas.

“Ya sabemos cómo funcionó el centralismo porteño, usando la misma metodología contra quien – en defensa del federalismo- se atreva con ellos” inicia el descargo el primer mandatario provincial. “Descalificaciones y agravios” tildó Zamora a los escritos de los medios.

El pasado 8 del corriente mes, el diario La Nación, publicó una extensa nota titulado: “ Santiago del Estero: un feudo renovado que padece la falta de agua y vive del empleo público”. En el cual retrata cuestiones ligadas a la realidad provincial como la falta de agua, falencias de salud y la fuerte relación del zamorismo con el Kirchnerismo.

La nota completa:

https://www.lanacion.com.ar/politica/santiago-del-estero-un-feudo-renovado-que-padece-la-falta-de-agua-y-vive-del-empleo-publico-nid08012023/

Esto generó un fuerte rechazo de Zamora quien se tomo el tiempo para contestar estás notas con un fuerte mensaje contra el “centralismo porteño “, “el mensaje desde ese pedestal que han construido en desmedro del resto, es simple; no sé permite a nadie la osadía de denunciar ningún atropello”.

La Nación en su versión digital, lanzó una dura nota sobre el narcotráfico en Santiago del Estero y la supuesta protección política y el silencio de los gobernantes para con este tema tan “oscuro”. “La reciente difusión de un informe internacional que ubica a Santiago del Estero como un enclave del narcotráfico causó un tembladeral en la cúpula de la provincia gobernada por Gerardo Zamora”.

La nota completa:

https://www.lanacion.com.ar/politica/el-narcotrafico-en-santiago-del-estero-las-sospechas-de-proteccion-politica-y-el-silencio-del-nid09012023/

No es común que Gerardo Zamora conteste estás publicaciones, para concluir su descargo, lanzó una frase con tintes desafiantes: “que corran nomas, ríos de tinta; difamen sin límite y hagan todo lo que quieran… pero no voy a arrodillarme, al contrario.”

“La promesa eterna del agua”, así se denomina el informe que el equipo de Canal 13 armó con historias de lugares donde golpea duro la falta de agua, dentro de la ciudad de La Banda, cómo así también en el interior de la provincia, más precisamente en el departamento Figueroa; lugar donde la falta de agua golpea al 80% de la población.

Video completo:

Mientras Gerardo Zamora en su discurso mostraba su amor por el federalismo y le contestaba a Patricia Bullrich, quien lo denunció a él y a otros 18 mandatarios por sedición; Alberto Fernández mostraba la realidad de Santiago del Estero, no hay agua.

En su discurso, el primer mandatario nacional expresaba: “Me encantaría que venga el Jefe de Gobierno al norte del país. Acá no discutimos como se amplían los Subtes, sino quien tiene agua”.

Sin embargo, Alberto Fernández no solo se refirió a la falta de agua en Santiago del Estero, sino que fue más allá y expresó que el norte argentino se encuentra olvidado: “una de las cosas que encomendé @gabriel_Katopodis y a @wadodecorrido es que le prestemos mucha atención al norte porque había quedado una y otra vez olvidado” escribió en la cuenta de la casa rosada en Instagram.

El pelotazo en contra de Alberto Fernández no pasó Inadvertido. En reconocido abogado y ex consejero de la magistratura, Alejandro Fargosi remarcó: “ Dijo AF en Santiago del Estero que en el norte se discute quien tiene agua, no como ampliar subtes.Oculta que Zamora construyó un estadio de fútbol de nivel internacional en vez de dar agua a sus habitantes que hasta carecen de cloacas”.

Cabe recordar que fue Alberto Fernández quien junto a Gerardo Zamora quienes cortaron la cinta del estadio único Madre de Ciudades. Es Gerardo Zamora quien gobierna está provincia hace más de 15 años y sigue castigando a un gran parte del interior provincial sin proveer agua potable.

En medio de la disputa que mantiene con el gobierno nacional, por la devolución de los fondos de la coparticipación que le correspondían a la ciudad de Buenos Aires.

“Es gravísimo lo que está pasando en Argentina, no pasó nunca, desde la vuelta de la democracia para acá. Realmente es un atentado a las instituciones, lo que hizo el presidente de la Nación, es un atentado a la democracia”, expresada al hablar con los periodistas.

Y agregaba que: “Para nosotros tiene mucha gravedad institucional, y es por eso que vamos a tomar todas las medidas que estén a nuestro alcance para hacer cumplir el fallo. No se puede incumplir un fallo de la corte”.

Luego relató los pasos que es están siguiendo al respecto: “Ayer se le informó a la Corte Suprema sobre el incumplimiento, y hoy presentamos una denuncia penal contra todos los funcionarios responsables de hacer cumplir el fallo. Vamos a actuar con toda la contundencia necesaria”.

También se refirió a cómo afecta esto a nuestra provincia: “Aclaro a todos los santiagueños, que esto no tiene nada que ver con la provincia de Santiago del Estero, ya que cuando a la ciudad de Buenos Aires, el Gobierno nos sacó los fondos, a la ciudad de Santiago del Estero, la Nación no le dio un peso, ni a ninguna otra provincia”.

Sobre la postura del gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, advirtió que: “El fallo de la Corte no le saca un peso a nadie, y aclara que esto, no debe afectar a ninguna provincia, así que no se que hace el gobernador metiéndose en este tema que no tiene nada que ver, cuando, además, el fallo, eleva antecedentes para que nunca mas un presidente pueda sacarle fondo a una provincia, por lo que fortalece la autonomía de las provincias».

Luego le dedico una palabras al concejal capitalino, Facundo Pérez Carletti: “Estamos muy bien en Santiago del Estero, en el PRO tenemos de referente a Facundo Pérez Carletti, que es un tipo de primera, un tipo joven con una energía bárbara, que estudia los temas de las provincia que conoce la realidad de los santiagueños, y además trabaja muy bien con el radicalismo, con la coalición cívica y con esta visión de federalismo que tenesmo nosotros”

Fuente: Diario La Nación

El respeto a la ley es lo que nos permite vivir en sociedad. El incumplimiento de las leyes provoca el deterioro institucional y afecta la convivencia social civilizada. Mucho más cuando son los que detentan el poder quienes las violan.

Cuando una mayoría circunstancial pretende desconocer fallos de la Corte Suprema expedidos en cumplimiento de la función que le reconoce la Constitución Nacional, o se agravia a jueces por cumplir con su deber y mostrar a los ciudadanos que un cargo político, por más elevado que sea, no da privilegios cuando hay denuncias de ilícitos, hay fundados motivos para alarmarse.

Pretender que la Justicia sea cómplice de los abusos del poder político es afectar principios fundantes de nuestra república, como lo son la libertad y la igualdad ante la ley. Es decirle al pueblo que hay ciudadanos de primera y de segunda clase, como sucede en los regímenes autocráticos en los que una oligarquía detenta el poder sin rendir cuentas a nadie de sus actos.

Días pasados, la Corte de Justicia de Tucumán ha dado otra muestra de ser un poder judicial servil a las preferencias de gobernadores y senadores oficialistas. La Constitución de la provincia no permite un tercer mandato consecutivo para el gobernador. El jefe de gabinete de la Nación, en uso de licencia como gobernador, Juan Manzur, se presenta como candidato a vicegobernador y, ante la fundada impugnación de la oposición, la Corte se limita a decir que la omisión de alguna referencia a la cuestión en la Constitución lo habilita. El fallo es una falacia porque no se plantean interrogantes como la renuncia o el fallecimiento del gobernador que se elija, en cuyo caso Manzur tendría un tercer mandato prohibido por la Constitución tucumana.

Los problemas de calidad institucional no afectan solamente a las controversias del poder como los conflictos suscitados por la composición del Consejo de la Magistratura ante la actitud tramposa y genuflexa de los bloques del oficialismo con los caprichos de la vicepresidenta de la Nación por sus problemas con la Justicia.

La calidad institucional influye en los derechos de las personas, en su vida cotidiana, en las decisiones de inversión, de emprender negocios. Por eso no podemos dejar de comentar las continuas denuncias que llegan a este diario sobre los desmanes contra la propiedad que se suceden en Santiago del Estero.

Desde estas columnas nos hemos referido a la persecución desatada por abogados sin prestigio vinculados a las mafias de usurpadores de tierras con el sello del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase) y complicidades del gobierno provincial contra empresarios que apoyaron a la precandidata presidencial Patricia Bullrich.

Ahora aparecen denuncias en esos campos sobre robo de trigo y la quema en el departamento de Juries de centenares de hectáreas en las que la cosecha de trigo se iniciaba. Un administrador de otra firma en Quimilí decía a este diario que “la policía protege a los usurpadores y nos hace la vida imposible a los legítimos propietarios”. Una de ellas, en el departamento Pellegrini, perdió la mitad de sus ocho mil hectáreas y no tiene reparo en acusar a abogados vinculados al poder político de esa provincia de instrumentar el despojo.

Los informes de la UIF, cuando tenía una conducción profesional, fueron concluyentes en cuanto a las irregularidades que comete el gobierno provincial. Se suman a las denuncias sobre senadores nacionales que responden al oficialismo provincial.

No es casual que, más allá de condicionantes geográficos, las provincias con peores índices de calidad institucional y transparencia sean las que registran los mayores indicadores de pobreza y falta de desarrollo.

Financiados por una coparticipación federal que no responde a criterios económicos ni fiscales serios, los recursos que llegan a las provincias tienen como oscuro destino la perduración de las oligarquías de políticos y vividores del Estado que las han colonizado. Nada más alejado del progreso genuino que merecen, al amparo de la Constitución y las leyes.

Cerca de las siete de la mañana estaba previsto la marcha para pedir agua y electricidad para la zona pero un fuerte operativo policial impidió que los vecinos se lleguen al punto pactado y el reclamo se realizará con menos cantidad de vecinos.

La lamentable situación del hombre detenido en la movilización llevada a cabo el día lunes, intimó a los pobladores de La Dársena para que no se presenten en el lugar.

“Hace más de 4 años que el agua es mínima en la zona, tenemos bomba de agua pero ya no es suficiente porque está zona está creciendo”  expresa una vecina.

La detención arbitraria del poblador

Arias, es el protagonista del vídeo que dimos a conocer, cuando lo llevaron detenido por reclamar agua para la zona, según sus propias palabras lo tuvieron detenido desde las 7.20 de la mañana hasta las 12:15 del mediodía.

“La verdad que no se que cargo me pusieron me tuvieron esposado desde las siete hasta las 10.30 de la mañana, después me dejaron en el calabozo “ señala Arias.

“Nos quitaron todas las cosas que teníamos para la movilización, fue todo así de la nada, no nos dieron ninguna explicación, nos trataron mal sin ningún motivo” señala una vecina

Los pobladores, cansados de no obtener respuestas por la falta de agua, tomaron la determinación de cortar la ruta provincial 5. Tal como muestran las imágenes el poblador que participó en dicha movilización, fue detenido por la policía en su domicilio.

“¿Son cancheros?” Fue la respuesta policial ante la pregunta del motivo por el cual lo detienen, “solamente estamos pidiendo agua” expresa una vecina ante la brutalidad policial que sufre el poblador.

Las constantes represiones a los reclamos por agua, son una moneda corriente en este último tiempo, hace unos días atrás, en la ciudad de Nueva Esperanza, pobladores reclamaron la falta de agua y fueron fuertemente reprimidos

Este sábado 10 de diciembre se llevó a cabo el acto de asunción de las nuevas autoridades de la Juventud Radical comité provincia.En la ocasión asumieron: Fernando Herrera, presidentes de la Juventud Radical y Araceli Gómez Montenegro vice presidenta. Oportunidad en que estarán al frente de la JR por los próximos 2 años.

El nuevo presidente de la conducción de la JR destacó la nueva asunción como: «Un hecho histórico para el radicalismo de Santiago, luego de 17 años de tener a nuestro partido intervenido». Mas adelante destacó: El año que viene; es un año bisagra y les aseguro que desde la UCR vamos a salir, y dar batalla en toda la provincia. Esta juventud radical, va hacer todo lo posible para que en el 2023 seamos Gobierno. (..) Somos una juventud que milita con compromiso, proyectos e ideas, con ganas y con esperanza, llena de sueños y apostando todo para que este partido que tanto queremos sea protagonista el próximo año. La Juventud Radical ya está en marcha «, dijo Herrera.

El acto de asunción contó con la presencia de importantes referentes nacionales y provinciales de la UCR. Entre ellos: José Cano, interventor del partido de la UCR en Santiago del Estero, Natalia Neme máxima referente de la UCR en la provincia, Valeria Pavón presidenta nacional de la Juventud Radical, Tiago Puente secretario general de la Mesa Nacional de UCR y diputado Provincial por Catamarca. Belén Pinto secretaria de la Mesa nacional de la juventud radical. También estuvieron los diputados provinciales Gerardo Floridia, presidente dl bloque de JXC. Aldana Galina Saavedra, quien también asumió como delegada nacional de la JR y Alejandro Parnas. También asistieron los concejales; M. Cecilia Neme y Agustín Acosta.

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“Extrema gravedad institucional” así dio inicio el descargo de Zamora sobre el principal tema que ocupó todas las tapas de los diarios; “el agravio más grande al sistema democrático” continuó.

Gerardo Zamora fue uno de los “protegidos” en los gobiernos de Nestor y Cristina Kirchner durante los periodos presidenciales y como no podía ser de otra manera, salió a defender a la actual vicepresidenta de la Nación.

El escrito completo del primer mandatario provincial:

UN HECHO DE ENORME GRAVEDAD INSTITUCIONAL QUE ATENTA CONTRA LA DEMOCRACIA

         Desde la Liga de Gobernadores manifestamos que ha ocurrido en nuestro país un hecho de extrema gravedad institucional, que quedará registrado como uno de los agravios más grandes al sistema democrático.

         Se pretende condenar e inhabilitar políticamente a la vicepresidenta de la Republica mediante una sentencia judicial generada en un proceso atravesado por innumerables irregularidades y violaciones a principios y garantías constitucionales fundamentales.

           Los fiscales y jueces actuantes en su afán de imputarla penalmente, le adjudicaron actos y funciones que son de exclusiva jurisdicción de otras áreas de gobierno y que le están vedadas expresamente por la constitución nacional, como lo actos de administración general y el manejo de fondos públicos.

            Durante este burdo proceso judicial, se omitió deliberadamente analizar pruebas documentales y periciales relevantes que demostraba la absoluta regularidad de las obras investigadas.

             Los alegatos del juicio nos permitieron conocer de primera mano las afrentas al debido proceso que sufrió la vicepresidenta y la imposibilidad de los fiscales de sostener sus agravios y acusaciones.

             Todo este show mediático y judicial se dio además en un contexto de palmaria y escandalosa promiscuidad entre fiscales y jueces intervinientes que escandalizo a la opinión publica.

            Los hechos investigados objeto de la condena, ya habían sido sobreseídos años anteriores y la reapertura del proceso se dio cuando en el gobierno anterior se puso en marcha como nunca en la Argentina un mecanismo de persecución judicial y mediática a líderes políticos del campo nacional y popular.

             Esta absurda condena con fines políticos no es un hecho aislado, sino que forma parte de una operación de poderes económicos que se reprodujo recientemente en Sudamérica con otros líderes populares y que luego de disparatadas condenas, y al paso del tiempo, volvieron a ser legitimados por sus pueblos regresando al poder.

            La inhabilitación para ejercer cargos públicos dictada hoy es el nuevo ropaje jurídico en la histórica proscripción que sufrió el peronismo toda vez que fue derrocado del poder por la fuerza, tal como aconteció en 1955 con la revolución libertadora y en 1976 con la última dictadura cívico militar que tuvo como saldo la muerte y desaparición de 30 mil argentinos.

             El enorme respaldo popular y prestigio que goza nuestra vicepresidenta como líder y conductora del espacio político mayoritario de la Argentina es la garantía que impedirá que grupos minoritarios, violentos y antidemocrático pueda poner en riesgo el estado de derecho que tanto nos costó conseguir a los argentinos.

Mientras la gente se encuentra conmocionada por el mundial de fútbol existe otra realidad que golpea duro en cada rincón de la provincia, la falta de agua, ante esto los pobladores del interior provincial prefieren tener agua antes de poder ver un partido de la selección.

Dicho informe realizado por los periodistas de TN saldrá en las próximas horas y contará con testimonios desgarradores de aquellas personas que padecen el faltante de agua tanto del interior como la personas que viven en barrios periféricos de ciudad Capital a metros del estadio Único.

Mira el vídeo aquí:

El 13 de julio pasado, mientras estaba siendo investigado por lavado de dinero, el senador de Santiago del Estero Gerardo Montenegro vendió su casa en Miami, registrada a través de una sociedad de su mujer y su hijastro. La operación, según registros públicos de Miami, se concretó en USD 460 mil, unos USD 154 mil más de lo que había pagado tres años antes. No es todo. En 2021, apenas Infobae reveló el escándalo, el senador y su esposa vendieron un lujo departamento en Punta del Este, valuado en más de USD 500 mil.

Montenegro está siendo investigado desde comienzos de 2021 a raíz de un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF), que se transformó en una denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). El senador está acusado de usar cooperativas para cobrar subsidios millonarios y comprar bienes de lujo.

La causa está en manos del juez federal de Santiago del Estero Sebastián Argibay, nombrado durante la presidencia de Mauricio Macri, y la fiscal Cecilia Indiana Garzón.

Recién hace dos semanas, Argibay citó a indagatoria a Montenegro, a su mujer, María Teresa Sciolla, y a una decena de miembros de las cooperativas. Ahora el juez tiene un plazo para definir la situación procesal de todos los indagados. En Santiago del Estero, sin embargo, sospechan que hay una maniobra en curso para que la causa siga en la justicia provincial, donde los jueces suelen estar más influenciados por la política local.

Pese a que la investigación está en pleno desarrollo, Montenegro le vendió su casa de Miami a la sociedad CLARF LLC. El senador había comprado esa propiedad en noviembre de 2019 a través la sociedad JM SILVER GROUP LLC, donde su mujer y su hijastro aparecen como “personas autorizadas”.

Para constituir esa sociedad, Sciolla había declarado como domicilio una casa en la capital santiagueña, ubicada en Islas Malvinas 665, la misma dirección que utilizó para crear una SRL con el mismo nombre. En cambio, el hijastro de Montenegro, Javier Sciolla, declaró como domicilio un departamento en la calle 25 de mayo al 300.

La casa está ubicada en el barrio cerrado “Via Ventura 2″, a solo 15 minutos del Aventura Mall. El lugar ofrece amenities como Club House, pileta, spa, gimnasio, cancha de fútbol y juegos para niños.

La UIF y la PROCELAC no llegaron a detectar esa propiedad, aunque la denuncia original mencionaba una transferencia de USD 5 mil a la constructora LENNAR, dueña de esa emprendimiento.

Montenegro también llevó su fortuna a las playas de Punta del Este. Según datos aportados por la UIF en el expediente, el senador y su esposa compraron un departamento en el Venetian Luxury Residences, un emprendimiento de lujo de 27 pisos ubicado en la Parada 17.

Entre el 13 de abril de 2018 y el 25 de abril de 2021, la mujer de Montenegro hizo depósitos y transferencias por un total de USD 511.590 para comprar la unidad 403. Algunos de esos pagos fueron remitidos por Washy Corporation SA, Larix SRL, Puerto Colonia LTD, Marcelo Walter Perretta Masantis y Zully Giunta.

Los detalles de las sociedades involucradas figuran en un informe que le mandó la UIF hace apenas dos meses al juez federal de Santiago del Estero.

En mayo de 2021, Infobae reveló la causa judicial contra Montenegro y se encendieron todas las alarmas. Según consta en el expediente, en agosto de ese año, la mujer de Montenegro le cedió sus derechos a Daniel Guillermo Felix por USD 534.709. Los investigadores sospechan que podría haber sido una venta ficticia.

Actualmente, las unidades más grandes de ese edificio de lujo se venden por más de USD 2 millones.

Gerardo Montenegro ocupa una banca en el Senado de la Nación desde 2013. Siempre en las filas del kirchnerismo. Aunque la causa judicial lleva casi dos años, hasta ahora el bloque de senadores de Juntos por el Cambio nunca se expresó en público sobre el escándalo. Apenas hubo comunicados de la UCR y del PRO local pidiendo que la Justicia avance con la causa.

La Justicia sospecha que la fortuna de Montenegro provenía de fondos públicos. De hecho, está acusado de comandar una red de cooperativas que recibieron más de $90 millones en subsidios del gobierno de Santiago del Estero. En esas cooperativas había familiares directos, empleados del Senado, empleados públicos de Santiago del Estero, y hasta trabajadores de la seccional local de UPCN, el gremio que controla Montenegro desde 1998.

El caso más emblemático fue la cooperativa “Trabajo, Esfuerzo y Solidaridad”, íntimamente vinculada a la mujer de Montenegro. En esa cooperativa también aparecía Ramón Orlando Bravo, empleado del gobierno de Santiago del Estero desde febrero de 2007 y secretario de Comunicación de UPCN, y Walter Gómez, otro empleado provincial.

Entre septiembre de 2017 y mediados de 2019, de las cuentas de esa cooperativa se extrajeron $15.870.000 en efectivo. Nunca se presentó documentación para justificar esos movimientos ante el INAES, el organismo que controla a la cooperativas.

Además, esa cooperativa le otorgó un préstamo sospechoso a la SRL JMSC, propiedad de la mujer de Montenegro (80%) y de su hijastro (20%).

La UIF detectó que esa sociedad, creada en 2009, fue utilizada para comprar una camioneta Jeep Renegade Sport 1.8 que manejaba el hijastro de Montenegro y un BMW 503 221i Cabrio. Los únicos autorizados a manejar el BMW eran el senador y su hijo Facundo Gerardo Montenegro.

La denuncia contra Montenegro también apuntó a los movimientos migratorios del senador y su mujer. Entre 2017 y 2018, Sciolla viajó siete veces Estados Unidos, cinco a Panamá (una plaza muy utilizada para maniobras de lavado de dinero), y estuvo una vez en las playas de República Dominicana. “El promedio de los viajes es de apenas cinco días”, alertaron los investigadores. Para ese entonces, llamativamente, la mujer figuraba como monotributista, en la categoría ‘G”.

No es todo. La UIF y la PROCELAC detectaron que la mujer de Montenegro, siendo empleada del Senado, visitó 74 veces los casinos de Buenos Aires y registró “ganancias” por $8 millones. Todo en un período de seis años. Ahora se investiga si en realidad se trató de una maniobra para lavar dinero y ocultar el verdadero origen de los fondos

Según nos expresó el edil capitalino, la amena reunión se dio en el marco de la vocación que ambos comparten por transformar el país, un objetivo para el que viene trabajando arduamente desde hace varios años.

“Siempre interesado y comprometido con la realidad de Santiago del Estero y con el consejo justo para seguir dándole fuerza al cambio que estamos construyendo en la provincia”, contó Pérez Carletti, sobre Larreta.

Para la ocasión, el jefe de gobierno, no dudó en abrir un frasco de miel que Pérez Carletti le acercó de mano de los productores de “Krishna Varuni”, un emprendimiento a puro pulmón, de la zona de Upianita.

Cabe mencionar que, Santiago del Estero es el segundo productor de miel orgánica de Argentina, algo en lo que se apuesta a seguir creciendo, según las palabras de Pérez Carletti.

El causante de que los ciudadanos salgan a las calles habría sido una supuesta mala praxis dónde un joven murió al no ser atendido por un fuerte dolor en el apéndice, sumado a este lamentable, los vecinos reclaman que no hay medicos en la zona.

Mira el vídeo aquí:

Mientras el graf de crónica decía “la comida por las nubes” el diputado nacional sentenció que el primer mandatario provincial es “el mejor gobernador por lejos que tiene la Argentina” mientras aludía una posible candidatura presidenciable de Zamora.

“Tiene la misma cantidad de empleados públicos ( en relación desde el inicio de su mandato) no es lo que venden desde Buenos Aires “ señala y continúa: “ todo el tiempo inaugura escuelas, la obra pública está presente, el estado está presente”

“Los que tuvimos la posibilidad de conocer Santiago del Estero en un antes y después de Gerardo Zamora, yo soy fanático de Gerardo” y agrega: “en los gobiernos de Nestor y Cristina lo ayudaron mucho Zamora” recalca Santoro.

Paralelamente a las flores de Santoro hacia Zamora, la policía continúa matando a jóvenes inocentes mientras el estado provincial mira para el otro lado.

Mira el vídeo aquí:

En el km 1.250 de la RN 16 se encuentra El Caburé, en el Departamento Copo, Santiago del Estero en el que Antonio “Chomo” Díaz, quien pasó toda su vida allí, se planta y dice: “Nosotros hemos nacido y nos hemos criado allí y hemos defendido la tierra como hemos podido, aún en la miseria. Nos criamos cazando y criando, sembrando a reja de arado y a caballo, arados de mansera… No teníamos agua. Sacábamos agua de los trenes a vapor y llevábamos a las casas. Sobrevivimos a las crisis más grandes cuidando de esas tierras para que hoy venga Carlos Hazam (diputado), Leder –cacique y matón– y las quiera vender. Para que vengan unos muchachos tan jovencitos allá por el 2000 como Matías Orué y Pablo Picá de Jesús María. Compran 16 mil hectáreas y otras diez mil que eran de FACA (ex Fábrica de Carbón Activado). Siempre fuimos atacados por los organismos. Aquí hay una especie de entramado para quebrarnos. Aquí había muchísimos habitantes con más de cien años en esas tierras que hoy fueron despojados. Hoy son víctimas. ¿Por qué? Porque Santiago del Estero nunca quiso regularizar la posesión y propiedad de la tierra. Nunca se regulariza la tierra de los pobres, pero sí se ha regularizado con alambrados, planos y mensuras truchas las tierras de Hazam, Picá y otros terratenientes. Se permite que se desmonten y quemen miles y miles de hectáreas para ser vendidas en dólares. Mis abuelos están enterrados ahí y a mi madre, de 81 años, le quitaron cincuenta hectáreas como represalia hacia mí, que no quiero vender ni regalar la tierra. De niño pude comprender que el tesoro más grande que teníamos era nuestro rancho, algunos pocos animales, nuestro cerco y nuestra tierra. Hoy somos despojados por estos gobernantes y jueces corruptos”.

Un par de semanas atrás, las tapas de los diarios oficialistas de Santiago del Estero anunciaban que la Fiscalía de Estado encaraba un operativo en el Departamento Copo para recuperar 30 mil hectáreas usurpadas. Sus habitantes lo cuestionan abiertamente, alegando que ese número es insignificante en relación con las tierras usurpadas y desmontadas en estas últimas décadas, que tienen por destino la venta ilegal.

—¿Cómo está viviendo el grueso de la gente de estas zonas? ¿Es cierto que los planes sociales fueron sustituyendo el trabajo real?

Es cierto, sí. Como en tantos otros lugares. En El Caburé y en el Departamento Copo la gente está viviendo de los planes sociales. Los terratenientes les han quitado la tierra. Si no se la sacan por las buenas, –con una monedita y convenciéndolos que nada pueden hacer para detenerlos– se las sacan por las malas, como me pasa a mí. El paisano pobre va diez veces al Juzgado de Monte Quemado (vendiendo sus últimos animalitos para viajar y pagar abogado) hasta que baja la guardia y se resigna. Te terminan debilitando para que les vendas (mejor dicho, regales) la tierra. A esa misma gente despojada, les pagan para que vayan a usurpar más campos. Los mandan a usurpar a los que no queremos vender: a “los rebeldes”.

—¿Es verdad que los usurpadores tienen lazos estrechos, convenios o estrategias conjuntas con funcionarios y letrados.

Los usurpadores luego se juntan con el diputado Hazam, con los fiscales, con jueces y escribanos. Con los abogados poderosos que tienen hoteles y barrios completos del Departamento Copo. Aquí el abogado es juez y diputado. Si nos ven cazando un pichi o quirchincho para comer, te mandan a Bosques y nos meten presos. Pero ellos están acabando con la fauna nativa, desmontando miles y miles de hectáreas y no les dicen nada. Ellos siembran a campo abierto y si alguno de nuestros animalitos va para allí, los matan. Mandan a fumigar en aviones y después, para la cosecha, uno se queda mirando cómo se llevan en silos nuestra riqueza, y a nosotros nos dejan la desolación. Los pobladores de El Caburé estamos perdidos. Ya la gente no tiene tierras para trabajar. Mientras tanto, los terratenientes ya desmontaron y quemaron todo. No te dejan ni para carbón.

—¿Hay otros lugares de la zona en los que se dan situaciones con características como las que usted está describiendo?

—La Reserva Provincial Copo (ex FACA) estaba siendo tomada con el mismo modus operandi. Santillán y luego Tesio, apoyada por la misma “asociación ilícita”. Regularizan fraudulentamente las tierras y venden. Son estrategias para confrontar pobres contra pobres. Ahora llegó Fiscalía de Estado y sacaron a los pobladores, pero nada de los organizadores de la asociación. En el Parque Nacional Copo también están desmontando para unos porteños. Unos pesos y el guardaparques de Los Pirpintos hace la del tero, junto a Bosques y Fauna, o sea, no tira el disparo.

—¿Y el rol del Mocase? Entiendo que debería prestar algún tipo de amparo a quienes están enfrentando una situación como la que usted describe, pero que, lamentablemente, no es para nada así…

—En el Mocase se cuidan entre ellos nomás. Para entrar en el Mocase en El Caburé tenés que estar de acuerdo con Antonio Campana, quien trabaja en conjunto con la Justicia de Monte Quemado. Están para atacar a los pobres nomás. El Mocase está para el despojo campesino. Son todos funcionarios. Sus punteros me conocen de toda la vida. La Pichona Masa ya tiene más de diez mil hectáreas. Me fui a pedir audiencia con Campana. Primero no me recibieron. Después me echó. Volví. Me recibió y me dijo: “vos sos el que te has hecho viral”. Se enteró que denunciaba a Orué y nunca más, me declararon “persona no grata” para la Vía Campesina, que de campesinos no tienen nada.

Las usurpaciones suelen ser muy violentas? Circularon fotos en las redes que dan escalofríos…

—Sí, hay destrozos enormes. La gente recibe latigazos y golpes, no importa si son hombres o mujeres. Las usurpaciones son siempre violentas. Están organizadas y dirigidas, por lo general, financiadas y con entrenamiento. Hachas, machetes, armas de fuego. Son muchas las mujeres que deben hacer frente a bandas como las del Mocase Vía Campesina (foto). Los hombres, por lo general, son atacados por mujeres, para que no se puedan defender. Una vez en los hospitales, los mismos médicos (mientras colocan un hombro en su lugar) les aconsejan que “no realicen la denuncia”, porque ellos están amparados por el gobierno.

—¿Está solo dando esta pelea?, ¿cuánto tiempo lleva en esta situación?

—Llevo más de veinte años peleando. En El Caburé estoy solo porque la gente tiene mucho miedo. Me acompañan mis hijos y, desde el año pasado, cuento con el apoyo de una asamblea de paisanos que la vienen peleando como yo. Allí hay gente que está siendo usurpada por jueces, escribanos y por el mismo Mocase. Ya me están quitando todo. Pero no solo a mí. Los nativos tienen que tomar conciencia. No podemos seguir mirando cómo desmontan miles y miles de hectáreas y se llevan la riqueza.

—¿Cómo lleva su cotidianeidad adelante frente a tanta adversidad?

—Los campesinos sabemos que tenemos a la policía en contra, al gobierno en contra, a fiscales y jueces en contra. Pero cuando uno agarra un hacha y sale al monte a juntar leña, o cuando ensilla un caballo nomás… se olvida de todo. Salir a disfrutar de la belleza de monte te hace olvidar de todo. Recorriendo un poco ya tienes el sustento. El monte nos da la miel, y a veces algún pichi, algún peludo… y ya la alegría es completa. Ya tienes el sustento para llevar al rancho. Salgo solo o con mis hijos y eso se disfruta mucho. El monte siempre te da de comer. Y si además tienes algún zapallo sembrado y una sandía, ya somos felices. ¡Ni hablemos si tenemos choclo! Los amigos me dicen “cuidate hermano, te necesitamos. Vos sos la voz de nosotros. Los pobres estamos asustados y humillados”. Ellos tienen miedo, pero sé que me apoyan en silencio. Ya cuando el sol se pone la felicidad más grande es saber que Hazam no anduvo por mi campo con su gente. Siempre aparece algún vehículo raro o policía. En los años 70 yo tenía 8 años y hacía esto con mis abuelos. Salir a buscar agua o leña. Con ellos aprendía a defender la tierra. Ellos han sido colonos aquí. Y eso me da alegría, aunque me corran las lágrimas.